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El control de la violencia privada, tradicionalmente pensado como responsabilidad de los estados y de la ley, parece tomar, a partir de 2010, la forma de un mecanismo de soft law en la medida en que las compañías de seguridad privada se adaptan a una certificación comercial, en lugar de a una convención internacional de carácter obligatorio. En este marco, donde se presentaron otras opciones regulatorias, prevaleció finalmente el principio de estandarización técnica. Este trabajo, que moviliza la sociología de las normas y de las relaciones internacionales, muestra que dicho mecanismo se impone en una lucha entre campos nacionales, así como entre sectores sociales. Centrándose más específicamente en los agentes involucrados y tomando en consideración tanto el habitus jurídico que comparten como su importante capital cultural y social, se puede entender cómo se forja un consenso entre expertos del sector privado y del sector público, representantes de estados, empresas privadas de seguridad y ONGs. En la configuración de este espacio trans-sectorial de expertos del derecho surge una política de regulación comercial de las empresas de seguridad privada situada entre competencias y alianzas que no pueden ser reducidas a una mera lucha entre potencias estatales.