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Aunque son innegables los avances legislativos que se han producido en la protección de las mujeres víctimas de violencia doméstica, sobre todo desde 2010, la aplicación de las leyes vigentes tiene sus límites. Tanto en los procedimientos penales como en los civiles, las mujeres luchan por ser escuchadas, teniendo que superar los obstáculos de un sistema judicial insuficientemente formado y falto de recursos. Las asociaciones especializadas proponen vías para que la justicia aborde la gravedad de la violencia doméstica desde el momento en que se denuncia el primer incidente.