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El trabajo de las ONG tiene un enorme peso legal. Estos organismos desarrollan movimientos e iniciativas con los que se evaluará la credibilidad internacional e incluso la legalidad del comportamiento de cualquier gobierno. En efecto, parecen establecerse como ligas de disidencia cuyo propósito es, por un lado, encerrar en la esfera de la potestas el poder de los Estados para elaborar y hacer cumplir normas vinculantes; y, por otro, desplazar la esfera de la auctoritas, que legitima su acción, hacia los individuos particulares. Gracias a su compromiso, la premisa de la protección humana acaba por traspasar las fronteras de la soberanía nacional, se impone a los Estados y les dicta obligaciones ineludibles.