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En este artículo presentamos uno de los primeros análisis que estudian sistemáticamente los factores que explican el grado de apropiación por parte de un gobierno de las demandas expresadas en las peticiones electrónicas que se le presentan. Este análisis se basa en todas las peticiones electrónicas que han obtenido las 4.500 firmas necesarias para dar lugar a un debate público en la Cámara de Diputados de Luxemburgo. Las hipótesis puestas a prueba para explicar las variaciones en el nivel de apropiación gubernamental de las peticiones electrónicas fueron: 1) la compatibilidad con la agenda del gobierno, 2) la competencia del gobierno para tratar las peticiones electrónicas en cuestión, 3) el carácter consensuado (o no) de la petición electrónica, 4) el número de firmas a favor de la petición electrónica, 5) la visibilidad de la petición electrónica en los medios de comunicación, y 6) la condición del iniciador. En consonancia con nuestras expectativas, descubrimos que la probabilidad de que una petición electrónica sea considerada por el gobierno está vinculada esencialmente a tres factores: 1) la compatibilidad con la agenda del gobierno, 2) la competencia del gobierno y 3) el acuerdo del gobierno con las demandas de los peticionarios. Otros factores, como el apoyo popular o de los medios de comunicación a la petición electrónica, su tema o los costes de su aplicación, parecen tener poca importancia.