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El derecho de acceso a los archivos está garantizado en la Constitución. Los archivos del Elíseo deberían equipararse en ese sentido a los archivos públicos, y su accesibilidad debe garantizar el ejercicio del derecho a la información y el control por parte de los ciudadanos. El artículo expone el régimen derogatorio de los archivos de los ex presidentes, a los que se concede la facultad de decidir si abrir o cerrar los que, durante un tiempo, son «sus» archivos.