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En el contexto de la modernización de las políticas públicas y, en particular, del objetivo de reducción de costos, la mediación, una de las alternativas a la resolución judicial de litigios, se desarrolló en Francia a partir de los años noventa y, posteriormente, se institucionalizó. En 2017, la experimentación de la obligación de mediación familiar antes de cualquier recurso judicial, denominada TMFPO (tentativa de mediación familiar previa obligatoria), culmina esta institucionalización, al tiempo que modifica las condiciones de intervención de los mediadores. En línea con los trabajos que han estudiado las relaciones entre las profesiones y el Estado en Francia, el artículo trata de comprender cómo una política pública puede transformar una profesión, especialmente a través de su papel como prescriptor. El artículo se basa en una encuesta realizada en 2019-2020 entre mediadoras familiares, jueces de familia y justiciables que han tenido que cumplir con la TMFPO para destacar cómo el grupo profesional acepta este cambio y se adapta a él, como precio a pagar por la ampliación de su jurisdicción profesional, tal y como propone el Estado. A partir de esta problemática profesionalización, el artículo muestra los efectos paradójicos de esta política pública sobre el grupo profesional de los mediadores: si bien ha permitido ampliar el ejercicio de su actividad y desarrollar la profesión, también ha provocado una pérdida de autonomía de los mediadores, un distanciamiento del mandato profesional, una segmentación del grupo y una falta de legitimidad.