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Mientras que en Francia se considera más grave atentar contra el honor de una personalidad política que contra el de una persona común, en Estados Unidos ocurre lo contrario. Sin embargo, bajo la influencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la legislación francesa ha ampliado el ámbito de lo que se puede decir para proteger la libre circulación de hechos e ideas, así como el debate democrático.