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Este artículo ofrece un análisis detallado, basado en archivos, testimonios e informes, de la estructura que permitió al gobierno socialista en 1985 financiar el plan Informática Para Todos (IPT), un vasto proyecto para equipar a las escuelas con microcomputadoras. Este plan de equipamiento, que no estaba previsto en la ley de finanzas inicial, no fue objeto de un presupuesto colectivo. Por lo tanto, en un periodo de rigor presupuestario y con un presupuesto deficitario que ya se había negociado hasta el último detalle, fue necesario liberar 2000 millones de euros, de los cuales 1500 millones se destinaron a equipos informáticos. Completamente atípico desde el punto de vista de los usos y costumbres presupuestarios del sistema educativo francés, este plan IPT pierde su singularidad si lo consideramos como una variante de las ayudas a la industria, una partida de gastos cuya opacidad se señalaba regularmente. Estas irregularidades salieron casi inmediatamente a la luz y fueron denunciadas en la arena política, posteriormente fueron documentadas por el Tribunal de Cuentas, sin mayores consecuencias para la administración o los líderes políticos. La aprobación por el Consejo Constitucional de la transferencia de una determinada cantidad de gastos del presupuesto general al presupuesto anexo del Ministerio de Correos, Telégrafos y Teléfonos (PTT) ya había allanado el camino para los mecanismos utilizados para financiar el plan IPT. Por último, este episodio muestra la Dirección de Presupuestos en su doble función de guardiana y directora de un orden presupuestario, cuya apariencia debe preservar políticamente, aun cuando no haya sido incapaz de salvaguardar su esencia.