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A partir del caso del municipio de Badiraguato en el estado de Sinaloa, este artículo cuestiona las experiencias y posicionamientos de las personas que viven en lugares afectados por la economía y la violencia de la delincuencia organizada. Enfatiza que en lugar de una supuesta complicidad por parte de los habitantes de estos “territorios del narcotráfico”, hay que considerar los fortísimos condicionantes que pesan sobre esta población, como el aislamiento, la marginación económica, la falta de acceso a la ley y la prevalencia de la violencia, así como el marco impuesto por los medios de comunicación y las instituciones. Si bien la presidencia de AMLO se destacó por un cambio en el discurso, el artículo muestra que son las condiciones estructurales —que no cambiaron durante este mandato— las que colocan a estas poblaciones en una situación de radical precariedad.