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Este artículo busca entender mejor los procesos de desposesión e injusticias hídricas que ocurren en México, con base en el análisis de cómo funciona el régimen institucional de recurso. México dispone de un número relativamente amplio de reglas que sirven para regular el uso del agua y las situaciones de rivalidad que surgen entre usuarios. Sin embargo, estas reglas no permiten el uso sustentable del recurso, porque no son respetadas por la institución que está encargada de garantizar su aplicación, la Comisión Nacional del Agua (CONA-GUA). Existen incluso casos en los cuales la CONAGUA modifica las reglas o las infringe para promover el desarrollo urbano y las actividades extractivas. El artículo pone en evidencia cómo la no-aplicación de las reglas permite que las elites políticas y económicas se apropien del recurso en detrimento de las comunidades campesinas e indígenas y contribuye a la producción de injusticias hídricas. Además, muestra que en un contexto en el cual la CONAGUA funge como juez y parte, los usuarios afectados carecen de recursos para oponerse a este proceso de redistribución y preservar su acceso al agua.