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Forjado en los años 90, el concepto de gobernanza urbana ha permitido dar cuenta de la transformación de las cuestiones en juego y de las formas de llevar a cabo las políticas urbanas en un contexto de pluralización de los sistemas de actores y de fragmentación de los recursos. Con este enfoque, los politólogos y sociólogos han subrayado la importancia de las relaciones horizontales entre los múltiples actores, grupos sociales e instituciones que intervienen en las políticas urbanas, a diferencia de sus predecesores, que se centraban en las relaciones verticales entre el Estado y las ciudades. Este cambio de enfoque analítico de la coordinación vertical a la cooperación horizontal fue probablemente excesivo, y ocultó el mantenimiento de una forma de centralidad estatal y el papel específico que el Estado puede haber seguido desempeñando en la aplicación de las políticas territoriales después de las leyes de descentralización. Por lo tanto, parece necesario reintroducir el Estado en la investigación sobre la gobernanza urbana, sobre todo porque las reformas neogerenciales de los años 2000 han remodelado profundamente la organización y los instrumentos del Estado. Al mismo tiempo que completaban el empoderamiento de las ciudades frente al Estado local, estas reformas dotaron al gobierno central de nuevos instrumentos de intervención territorial (convocatorias de proyectos, indicadores de rendimiento, trofeos y etiquetas) que le permiten teledirigir la acción colectiva que se desarrolla en las ciudades.