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El artículo propone desarrollar, a partir de un caso histórico, qué tipo de disposición a la vez intelectual, institucional y práctica podría estar detrás del surgimiento, y posteriormente la primera perpetuación, de una forma muy problemática de curiosidad estatal: la vigilancia política llevada a cabo por las gestiones clandestinas del estado. El caso de los servicios de inteligencia militar de EE.UU. muestra que esta empresa de vigilancia nunca fue evidente; que desde el principio estuvo atrapada en una contradicción fundamental que afecta a su dispositivo. Por un lado es un proyecto institucionalmente legítimo, basado en el argumento de la amenaza formulado al final del primer conflicto mundial, que hace de la vigilancia de la situación interna un imperativo de la guerra. Al mismo tiempo, esta vigilancia resulta políticamente ilegítima, por el doble estigma de su asociación con una eventual represión política y por la intolerable injerencia de los militares que implica. Primera transacción: se lleva adelante por lo tanto únicamente bajo condiciones de una ambigüedad instituida, incluso dentro de las fuerzas armadas y hasta dentro de los propios servicios. Esta situación de incertidumbre se desglosa en una serie de tensiones lógicas, éticas y prácticas que los primeros especialistas en vigilancia sólo superaron mediante un intenso trabajo normativo sobre los objetivos específicos de sus organizaciones, esbozando los contornos de una deontología singular y desarrollando una cultura de la transgresión cuyo límite es siempre —segunda transacción— el carácter pasivo de su vigilancia.