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Este artículo analiza cómo la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP, por sus siglas en inglés) está ayudando a redefinir las relaciones de poder entre las organizaciones anticorrupción y los gobiernos. A partir de entrevistas, de la observación de acontecimientos internacionales y del estudio de documentos de trabajo, se examina la creación de la Alianza por iniciativa de la administración Obama en 2011, luego su importación en Argentina, a partir de 2012, y en Túnez, a partir de 2013. El artículo comienza mostrando cómo la OGP se apoya en un instrumento específico, los «planes de acción de la OGP», con el objetivo de instituir una forma de gubernamentalidad transnacional, que se supone pone a las organizaciones anticorrupción en posición de obligar a sus gobiernos a llevar a cabo reformas. La dimensión comparativa permite entonces estudiar la importancia de este mecanismo, distinguiéndolo de las peculiaridades históricas y políticas propias de los dos países. En Argentina, la OGP fue importada por organizaciones que hacían campaña contra la opacidad de la administración Kirchner, antes de que el gobierno de centroderecha que llegó al poder en 2015 intentara convertirse en el «buen alumno» del mecanismo. En Túnez, la OGP fue importada por activistas y élites políticas que querían poner fin a la opacidad del Estado que imperaba bajo el régimen de Ben Ali, antes de ser domesticada a partir de 2014 por una administración que consiguió convertirla en un instrumento de legitimación libre de toda traba. El artículo muestra, finalmente, que aunque la conducta de las organizaciones anticorrupción y de los gobiernos se está redefiniendo en torno a la OGP, el mecanismo no les obliga a llevar a cabo reformas.