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Este artículo examina los usos que hacen los jueces del proceso de correccionalización para transformar los delitos graves en delitos menos graves, sin tener en cuenta las circunstancias agravantes previstas por la ley. Se muestra que el principio de legalidad en la calificación de los hechos entra en competencia con los estándares profesionales sobre la «buena justicia», atenta al valor de los juicios, a los resultados judiciales y a la eficacia de las respuestas penales. Algo que, para los jueces, justifica una selección de delitos basada en criterios «extra-le-gales». Los jueces evalúan cada uno de los expedientes penales para determinar si «merece» ser juzgado por un tribunal penal, cuyo procedimiento es diferente del de los delitos menores por su prestigio, su potencial represivo y su gestión más pesada. Nuestra atención se centra en el sentido común profesional que se desprende de las características típicas de los delitos descartados.