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La Federación de Hospitales Universitarios – Protection Ensemble Avançons (FHU-PEA), que agrupa a los hospitales, universidades y laboratorios asociados del G4 (Amiens, Caen, Lille y Rouen-Le Havre-Évreux), se encarga de evaluar longitudinalmente y seguir durante dos años a trescientos niños acogidos por la Agencia de Protección de la Infancia en Normandía. El objetivo del estudio EvolASE-PEA (disponible en https://classic.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT05525962) es conocer la salud física y psíquica infantil, independientemente de la edad a la que los menores son acogidos a tiempo completo en los servicios de protección (guardería, hogar, familia de acogida). En Francia hay muy pocos conocimientos de salud mental sobre el estado de los menores a lo largo de su vida protegida, o incluso cuando entran en centros de acogida, a pesar de que a menudo hay comprobación de graves negligencias o abusos físicos, psicológicos y sexuales. El objetivo del estudio es conocer la salud física y psíquica de los niños, independientemente de la edad a la que se confíen a los servicios de protección a tiempo completo (guardería, hogar, familia de acogida). En Francia hay muy pocos conocimientos de salud mental sobre el estado de los menores a lo largo de su vida protegida, o incluso cuando entran en centros de acogida, a pesar de que a menudo hay comprobación de graves negligencias o abusos físicos, psicológicos y sexuales. A falta de datos médicos (físicos, psíquicos), educativos y sociales recogidos sistemáticamente, solo la investigación prospectiva y longitudinal puede colmar esta carencia. No hay muchos estudios sobre la protección de la infancia, no solo porque el interés por estas poblaciones es relativamente reciente, sino también porque hay muchos obstáculos específicos de estas situaciones que se interponen en el camino de los investigadores. La investigación en poblaciones vulnerables (menores) debe cumplir, por definición, requisitos éticos más estrictos y requiere el acuerdo de los responsables de la investigación, en la creencia de que, al aceptar o rechazar, harán lo que más convenga al niño. Sin embargo, son precisamente los titulares de la patria potestad quienes no podían satisfacer las necesidades básicas del menor, pues de lo contrario no se le habría confiado a un servicio de custodia. Además, la información necesaria para evaluar su estado físico y psíquico y los cuidados que pueda necesitar dependen también de esas mismas personas, que pueden negarse a facilitar información sobre sus propios problemas cuando estos son necesarios para comprender las necesidades del menor (consumo de sustancias durante el embarazo, antecedentes familiares, por ejemplo). Estas dificultades, verdadera carrera de obstáculos para tener la oportunidad de realizar una evaluación completa, son también indicativas de la legislación francesa y de la ausencia de prácticas operacionales realmente centradas en las necesidades y los derechos de la infancia (en el sentido de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño ratificada por Francia). En este artículo se desarrollarán estos obstáculos, sus vínculos con las prácticas actuales y algunas formas de superarlos.