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Como beneficio penitenciario en régimen abierto, el arresto domiciliario impone el sometimiento a vigilancia electrónica (pse, en sus siglas francesas) del condenado durante ciertas horas del día. Pero las viviendas presentan características muy variables de un arrestado a otro y así introducen entre ellos desigualdades de dos órdenes: material y de estatus. Las desigualdades materiales dependen de las características de la vivienda en términos de superficie, luminosidad y apertura al exterior (balcones, jardín, etc.), aspectos todos ellos que pueden aumentar la sensación de encierro de los condenados. Las desigualdades de estatus corresponden a la situación social del arrestado en un domicilio que puede ser tanto su propia casa como el lugar donde le aloje un tercero. Este artículo pretende mostrar que las desigualdades estatutarias juegan un papel central en las penas pse o de “pulsera electrónica” y que esas diferencias son más difíciles de compensar que las desigualdades materiales.