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Jean-François Drevet analiza en este artículo las enseñanzas que se desprenden de la decisión adoptada, a finales de agosto de 2016, por la Comisión Europea, relativa al régimen fiscal del que se benefició Apple en Irlanda y que obliga a la multinacional a pagar una multa de 13.000 millones de euros en beneficio de Dublín. Como muestra claramente el autor en este artículo, por una parte, el importe de la multa no es ni mucho menos aberrante a la luz de lo que se practica en materia fiscal en Europa o en los Estados Unidos; por otra parte, la reacción (hostil) de Irlanda a esta decisión atestigua el peso de las cuestiones económicas y sociales que subyacen a las prácticas fiscales de los estados miembros de la Unión con respecto a las grandes empresas. En un contexto de competencia y de escalada en términos de atracción fiscal, hemos llegado a situaciones tan desiguales en materia de fiscalidad entre los hogares y las empresas europeas, o incluso entre las propias empresas, que podrían poner en duda la voluntad de los gobiernos de dar prioridad al bien común. Para poner freno a estas prácticas y garantizar que las empresas que obtienen beneficios en suelo europeo paguen las contribuciones fiscales normales en relación con esos beneficios, es esencial que la Unión ponga orden en la fiscalidad europea.