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Los instrumentos de acción pública pueden contribuir, en nuestra opinión, a que surjan problemas públicos y a que se incluyan entre las preocupaciones de los actores institucionales. En este artículo, nuestro objetivo es comprender el papel y los límites de una herramienta informática para incluir en la agenda administrativa un problema como el del no disfrute de los derechos. Nuestra hipótesis es que, si bien puede producir una representación específica de esta cuestión poco visible y tener efectos de agregación en torno a ella, la herramienta informática no puede por sí sola incluir en la agenda la cuestión del no disfrute de los derechos —un problema que sigue siendo conflictivo y está dominado por cuestiones institucionales contradictorias—, ni transformar unilateralmente las formas en que los organismos sociales se ocupan de limitar el fenómeno y, más en general, del desempeño cotidiano de sus misiones con respecto a los ciudadanos en el sector público.