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El derecho a la educación en un entorno ordinario para los niños con discapacidad está reconocido por ley desde 2005. Al cambiar las categorías de la acción pública, el enfoque integrador pone bajo presión la división históricamente construida entre las escuelas ordinarias y las instituciones médico-sociales. A partir de una encuesta realizada en el marco de un programa que permite a los alumnos discapacitados y a los profesionales que les prestan apoyo realizar sus actividades cotidianas en un centro de la primera fase de la enseñanza secundaria, este artículo examina las formas en que se traspasan las fronteras sectoriales «desde abajo». La llegada de profesionales y alumnos del sector médico-social suscita reticencias profesionales en el seno del centro. Luego, gracias a una serie de negociaciones profesionales, este cruce ha encontrado una forma de estabilidad, un orden local negociado y fragilizado por las rivalidades burocráticas entre las tutelas sectoriales.