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La ley de 2002-2 simboliza un doble antagonismo: el primero entre el trabajo social, portador histórico de la innovación social, y la chalandisation [clientelización] del campo social y médico-social; y el segundo entre el control social, parte normativa de la exclusión y la marginalidad, y la participación que defiende el legislador, que presupone paradójicamente la integración social y política de las poblaciones acogidas. Entre estos procesos de evaluación, de desarrollo de las herramientas de esta misma ley y los retos de los actores proponemos poner en perspectiva los frenos pero sobre todo el potencial democráticamente constructivo de una ética colectiva.