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Desde 2021, la legislación obliga a los establecimientos de atención a la primera infancia a realizar sesiones de análisis de las prácticas. Antes voluntario, el análisis de la práctica se vuelve obligatorio por un mínimo de seis horas al año, que incluyen dos horas por cuatrimestre, sin la presencia de los niños, en sesiones dirigidas por profesionales cualificados, sin ningún vínculo jerárquico y sin presencia de la dirección. ¿Debemos alegrarnos de que el análisis de la práctica se vuelva obligatorio? ¿Debemos temer que el análisis de la práctica se transforme en un espacio para la transmisión de las «buenas prácticas»? Esta labor de problematización de una práctica profesional, que suele ser solitaria en el día a día, exige mucho más que las seis horas anuales previstas en la ley de 2021. Requiere la participación de los profesionales y el respeto por la prueba y error, además de la garantía de que las dudas e incertidumbres puedan expresarse sin juicios ni la imposición de pensar según las normas y estándares.