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A principios de la década de los dos mil, en respuesta a las demandas de la economía nacional, incluidas las necesidades de mano de obra, el gobierno laborista de Tony Blair optó por abrir más ampliamente las fronteras a los migrantes no europeos y permitir la libre circulación sin restricciones de los trabajadores de los nuevos Estados miembros de la Unión Europea (UE). Este artículo propone demostrar que esta política de migración ha sido acusada de imponer una carga desmesurada a los servicios públicos. Al haberse convertido en blanco de la hostilidad de una porción cada vez mayor de la población británica, esta cuestión ha sido hábilmente yuxtapuesta al debate sobre la adhesión a la UE por los actores políticos más hostiles al proyecto europeo. Los éxitos electorales del principal partido euroescéptico (UKIP) han llevado a los Laboristas y Conservadores a cambiar sus propias actitudes sobre estos temas. Cuando volvieron al poder en 2010, prometieron reducir el número de inmigrantes, antes de embarcarse en un referéndum sobre la adhesión a la UE. Dividido, el gobierno no logró convencer a los votantes de que el Brexit no sería suficiente para resolver los problemas sociales y económicos que enfrentaba el Reino Unido. Después del 23 de junio de 2016, uno de los desafíos para los líderes británicos es ahora negociar una salida lo más conveniente posible para la economía del país en un momento en que el fin de la libre circulación será directamente perjudicial para ella.