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En el estado de Guerrero, en el sur de México, las comunidades indígenas llevan desarrollando sistemas autónomos de policía y justicia desde la década de 1990. Esta experiencia es un caso bastante singular de autoorganización de los problemas de seguridad por parte de la población. Y forma parte de la larga historia de las reivindicaciones de autodeterminación de los pueblos indígenas frente al estado poscolonial, que la experiencia zapatista en Chiapas hizo saltar a los medios de comunicación. Aunque también como respuesta a la incapacidad de las fuerzas oficiales del orden para hacer frente a la violencia que sufren los pueblos indígenas es que la policía comunitaria se ha convertido en una necesidad. Varios cientos de policías –a menudo hombres– en un territorio de 100.000 habitantes hacen rondas y a veces arrestos. Poco profesionalizada y descentralizada, la policía comunitaria constituye una brecha en el monopolio de la violencia legítima del Estado. Aunque el Estado acoge con satisfacción estas iniciativas como una manera de delegar la labor policial, se muestra mucho menos complaciente cuando en la vigilancia comunitaria intervienen personas poderosas con las que las autoridades oficiales suelen simpatizar.