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Los políticos brasileños, en nombre del «desarrollo», están permitiendo que los forestales y los nuevos campesinos invadan unas tierras cuyo uso está garantizado a los amerindios por la Constitución de 1988. La violencia contra los amerindios es permanente, y los asesinatos, que oficialmente se registran, están subestimados. Las prácticas genocidas están vinculadas al mantenimiento del paradigma colonial que hace de la expansión territorial la condición para el crecimiento.