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La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es un ejemplo de foro híbrido en el que se han tenido en cuenta la experiencia y los conocimientos de los personas directamente afectadas. El artículo 12 y su interpretación, que ponen en tela de juicio la legitimidad y la legalidad de las medidas de protección jurídica, son particularmente emblemáticos a este respecto. Observando la falta de debate en Francia sobre este tema y la escasa visibilidad de esta convención, un colectivo de investigadores en ciencias humanas y sociales —el colectivo Contrast— decidió promover el diálogo sobre el artículo 12 y las medidas de protección jurídica e implicar a las personas directamente afectadas. La organización de una primera conferencia en la que se trató de reunir a investigadores, profesionales y usuarios fue la ocasión de constatar la dificultad de hacer participar, en pie de igualdad con los demás, a las personas afectadas. Esto llevó a algunos de los investigadores del colectivo a cuestionar tanto los límites como las condiciones de participación de las personas con discapacidad, y a organizar otra conferencia y un programa de investigación —el programa Rights Caps— destinado a crear las condiciones para su participación y a poner a todos los actores en pie de igualdad. El presente artículo da cuenta de esas iniciativas y, a partir de ahí, reflexiona de manera más general sobre la participación de las personas con discapacidad.