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En Francia, el contexto de la lucha contra el terrorismo ha reforzado la idea de que «la seguridad es cosa de todos», incluida la población. Más allá de los discursos oficiales, ¿cómo abordan los poderes públicos la cuestión del compromiso ciudadano en este campo de acción supuestamente de regalía? Este artículo ofrece algunas respuestas a través de ejemplos que se refieren tanto a las contribuciones directas al orden local como a la gobernanza de las políticas de seguridad. Entre la promoción de las iniciativas con etiqueta institucional y la voluntad de supervisar o incluso sofocar las que no lo son, la politización de la participación ciudadana en este ámbito plantea interrogantes sobre la evolución de un modelo de seguridad francés que se basa principalmente en la posición dominante del Estado.