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El derecho de la función pública consagra un deber de obediencia sólidamente establecido, que está sujeto a excepciones en forma de deber o derecho de desobediencia. El binomio «obediencia-desobediencia» muestra, sin embargo, un cierto número de paradojas resultantes de una oposición entre dos imperativos contradictorios: proteger a la administración, si es necesario, contra la desobediencia pero también proteger al agente, pudiendo darse casos de obedecer una orden que debería haber sido ignorada.