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La Ley de 1881 sobre la libertad de expresión sigue siendo un pilar del Estado de derecho francés, en la V República. Esta Ley establece un equilibrio entre una libertad de expresión primaria, que no requiere autorización administrativa previa, y la definición de abusos de tipo penal, sancionados pues a posteriori. Sin embargo, este equilibrio jurídico se ve cuestionado y debilitado: por el funcionamiento de las redes sociales o incluso por la atmósfera de sospecha que rodea los delitos contra las personas (pugna de memorias y de sufrimientos). Sin embargo, el legalismo —actitud que consiste en resolver todos los problemas por la ley— va bien (puede que sea con el fin de impresionar a la opinión), a pesar de los problemas que plantea con respecto al discurso de odio o las fake news.