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A lo largo de un milenio, la monarquía en Inglaterra ha pasado de un régimen absolutista a un gobierno constitucional, y ha encontrado una nueva fuerza (al representar la unidad de la nación y ubicarse por encima de las disputas partidistas) a través de sus debilidades (la imposibilidad de ejercer un juicio independiente en su toma de decisiones). Isabel II se muestra muy diligente en el desempeño de sus funciones honoríficas y deberes constitucionales: se mantiene informada de los asuntos de estado, concede entrevistas privadas a los primeros ministros y desempeña los cargos que siguen vinculados a las prerrogativas de la Corona por consejo de los miembros del gobierno. Sin embargo, aunque se hace todo lo posible para proteger a la reina de las controversias sobre el ejercicio de sus escasos poderes, el temor a que se le pida que tome decisiones políticas ha llevado a algunos a considerar la transferencia de las prerrogativas reales a otras instituciones.