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La adopción de la Ley de Servicios Digitales por parte de las instituciones europeas marca el afianzamiento de una lógica de compliance para regular la libertad de expresión en Internet. Dada la dificultad estructural de controlar los contenidos en línea, se ha impuesto la opción de confiar esta tarea a las plataformas mismas, al tiempo que plantea una serie de interrogantes sobre su capacidad, voluntad y legitimidad para hacerlo, y se suscita una reflexión sobre las condiciones para reequilibrar el control de los contenidos, esencial para la regulación pacífica de la libertad de expresión.