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En este artículo los autores muestran cómo los Polos territoriales de cooperación económica (PTCE) pueden constituir bienes comunes sociales, que ellos definen como bienes comunes vinculados a los recursos sociales como la salud, el empleo, la educación e incluso la cultura, con una visión universal en cuanto a su acceso. Aunque los poderes públicos centrales han intervenido en 2014 al nivel metainstitucional, definiendo un marco institucional de los PTCE que no es necesariamente propicio al surgimiento de tales bienes comunes, las comunidades locales intervienen a su vez como partes interesadas a nivel intrainstitucional, participando en la elaboración de las normas del PTCE con posiciones más o menos accesibles. En este artículo se estudia los modos de intervención de los poderes públicos para favorecer una evolución de los PTCE hacía los verdaderos bienes comunes sociales.