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Este artículo examina el impacto de las medidas de lucha contra la COVID-19 sobre en el derecho a la vida familiar en Francia. El cierre de la acogida en las prefecturas, la congelación de los visados de reagrupación familiar y el cierre de las fronteras internacionales dejan a las familias en una situación sin solución posible. Algunas personas en el país ven cómo se desvanece la esperanza de regularización, otras que esperan la reunificación ven cómo se dilata el tiempo de su separación. El gobierno ha tomado una sucesión de medidas complejas decisiones, el recurso de prácticas jurídicas excepcionales se ha convertido en algo habitual y han tenido lugar diversas movilizaciones colectivas. El análisis de la «inmovilización» administrativa y de estas movilizaciones revela un aumento de la desigualdad en el acceso a la ley y la visibilidad de ciertas categorías. Estas dinámicas se inscriben en la continuidad de un deterioro de los derechos de los extranjeros iniciado mucho antes de la crisis sanitaria.