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En el terreno de las ciencias políticas y la sociología del Estado, pocos trabajos han examinado aún desde un punto de vista empírico la puesta en práctica de los bienes comunes digitales por parte de los agentes públicos. En este artículo tratamos de llenar este vacío utilizando como caso de estudio la Base de Datos Nacional de Direcciones (BAN, por sus siglas en francés). Esta base de datos pública, puesta en marcha en 2015, se presenta como un bien común digital, abierto a la contribución ciudadana, de libre acceso y gobernado democráticamente por agentes públicos, semiprivados y asociativos. ¿Cómo se produce la adopción de esta inusual forma sociotécnica en la administración y a qué sustituye en la frontera entre el Estado y la sociedad? Realizamos el estudio mediante veintitrés entrevistas, observaciones de reuniones de trabajo y un análisis de la literatura gris. Nuestros dos resultados principales son: (1) explicar la adopción gracias a la acción de los impulsores de la reforma en un contexto de incertidumbre tecnológica, y (2) mostrar que la forma del bien común digital –y, en particular, la gobernanza compartida– se abandonadó con la llegada de una nueva mayoría política en favor de una gestión de la BAN más soberana, administrativa y pro-mercado desde la perspectiva de un Estado plataforma.