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A partir de un estudio de las relaciones entre la administración penitenciaria y sus proveedores privados de servicios en el marco de las asociaciones público-privadas introducidas en el ámbito penitenciario en los años noventa, este artículo arroja luz sobre los efectos inesperados de un proceso de privatización de la acción del Estado. Aunque muchas investigaciones han puesto de relieve la expansión del mercado en la acción pública, el caso del Ministerio de Justicia revela la dinámica ambivalente de una mercantilización esperada, pero parcialmente frustrada. Por un lado, el Estado trabaja con las empresas privadas para construir un sistema comercial que perpetuar su presencia en este sector estratégico y garantizar un mínimo de competencia. Por otra parte, a pesar de la creciente dependencia del oligopolio de proveedores de servicios que se ha desarrollado a lo largo de los años, el Estado intenta conservar su papel de regulador y de responsable de la toma de decisiones en sus prisiones, aumentando el control sobre sus proveedores de servicios. Esta tensión entre dependencia y control da lugar a una política reguladora que es en parte contraria a las convicciones económicas que motivaron la privatización de las prisiones en primer lugar. Da testimonio de las contradicciones y los intereses divergentes en el seno de la administración que, en una política pública en acción, trabajan sobre el mito del mercado y sus virtudes.