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La región del Bajo Atrato se ha convertido, a largo plazo, en un espacio de explotación de los recursos territoriales por parte de diversos actores exteriores (Estado, grupos armados ilegales y empresas agroindustriales). El Estado se mantuvo al margen de todo tipo de regulación en esta región marginal marcada por una fuerte conflictividad. En 1997, en un contexto de intensificación del conflicto armado, surgieron varias iniciativas locales de resistencia ante la violencia y de reunificación de pequeños campesinos “desplazados”, con el apoyo de la Iglesia y de redes de acción transnacionales. Estas estrategias de supervivencia y de regreso colectivo llevaron a la conformación de una acción política mediante la implementación de proyectos territoriales y políticos alternativos. Hay comunidades campesinas que han podido acceder a la propiedad colectiva de sus tierras. Sin embargo, la población local ha tenido siempre una relación ambivalente con el Estado, entre una voluntad de autonomía radical y un deseo de reconocimiento.