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Las amenazas y los ataques a un territorio tienen inevitablemente consecuencias económicas, al menos temporalmente. El turismo es uno de los primeros sectores afectados. Los efectos menos directos son bien conocidos: el sector de los seguros aumenta sus primas, reduce sus garantías, la confianza del consumidor se erosiona... Estos efectos perniciosos justifican la intervención de los poderes públicos, que son, en cierto modo, la primera línea de defensa para conservar al máximo el impulso de crecimiento del país. Sin embargo, esta acción debe ser limitada en el tiempo y en su alcance porque son los actores privados los que deben ser el elemento clave en el proceso: asegurar, tranquilizar, curar y reeducar la demanda turística. Aprovecharemos esta oportunidad para cuestionar la función reguladora del Estado de derecho. ¿Es el acto contractual –la representación jurídica del intercambio económico– la cuna de la que puede renacer la confianza del consumidor, aunque la ley estimule, fuerce y «resucite» este sentimiento? El objetivo de estas pocas líneas es estudiar modestamente el régimen de un contrato concreto, el contrato de venta de paquetes turísticos, para intentar demostrar cómo el derecho contractual francés, y en particular el derecho del consumidor, contribuye a proteger la confianza jurídica para fomentar la confianza en el mercado.