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El patrimonio es una fuente de ingresos fiscales. Sin embargo, los recursos financieros que se le asignan (sobre todo para el patrimonio histórico) han disminuido tanto para el Estado como para las autoridades locales. Ante estas limitaciones, la conservación del patrimonio debe responder a un doble desafío: mantener los gastos fiscales existentes y proporcionar medidas de seguridad fiscal. Estos antiguos regímenes, que se apartan del derecho común, han sido objeto de diversas modificaciones legislativas y medidas de ampliación para garantizar la aportación de fondos privados (donaciones, régimen de mecenazgo). Sin embargo, los últimos acontecimientos nos hacen dudar. La mejora del patrimonio pasa ahora por diversas medidas para asegurar los ingresos fiscales, evaluar los gastos fiscales y crear nuevas exenciones fiscales.