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La crisis de los hospitales públicos y las instituciones residenciales para ancianos (EHPAD) se centra en cuestiones de gobernanza y recursos internos (especialmente financieros), mientras que las respuestas se encuentran en una fluidez organizada y consolidada entre el mundo de las instituciones hospitalarias o medicosociales y el de los lugares de vida habituales de la población. En el plano hospitalario, las principales dificultades se deben a una transferencia regularmente anunciada, aunque no efectuada, entre las actividades de estos establecimientos y la medicina ambulatoria. La solución se encuentra sin duda en una dirección única de la política de salud, que actualmente comparten el Estado y el seguro de salud. En el caso de las EHPAD, la institucionalización de las personas mayores frágiles y/o dependientes, así como la multiplicación infructuosa de múltiples experimentos con su tratamiento domiciliario, conducen, por un lado, a una oferta cada vez más compleja y difícil de comprender para todos y, por otro lado, a confiar principalmente en el médico de cabecera para coordinar este tratamiento. La solución reside ciertamente en una oferta universal, regida por el derecho común, que permita a las personas mayores permanecer en sus casas el mayor tiempo posible, que es lo que más desean.