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Este artículo analiza la gestión de la interrupción voluntaria del embarazo tal y cómo se realiza en los centros de ortogenia de los hospitales públicos. El objetivo es demostrar que el control social del aborto depende de la contratación por género del personal médico y de enfermería. Las profesionales de la planificación familiar, casi exclusivamente mujeres que ya son madres, eligen esta especialidad desatendida no tanto por militancia como para estar más disponibles para su vida familiar, renunciando efectivamente a una actividad profesional más valorada. Así, esta organización del trabajo dirige a los abortistas a profesionales con una concepción bastante esencialista de la maternidad y de las relaciones de género. El cuidado propuesto se basa en un trabajo de cuidado emocional, muy necesario ya que constituye la principal fuente de reconocimiento en el trabajo, en ausencia de una tecnicidad importante. Esta labor de cuidado, escasamente politizada, cumple, no obstante, con las expectativas de género hacia las usuarias y, paradójicamente, contribuye a la renovación del estigma del aborto.