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La cooperación descentralizada se ha construido históricamente sobre la base de un documento jurídico único –el convenio de cooperación– cuyo contenido es impreciso y poco restrictivo. Aunque el creciente peso de la acción internacional de los entes locales franceses hubiera podido engendrar un documento más exigente en términos de compromiso y responsabilidades, el legislador eligió orientarse hacia una opción más flexible al convertirlo en opcional o incluso suprimiéndolo. Este artículo se pregunta por las motivaciones de tal evolución y contempla sus eventuales consecuencias en términos de «asimetría» entre «proveedores» y «beneficiarios», de escasos incentivos al estudio de la eficacia de las acciones realizadas y, finalmente, de la débil responsabilidad moral y jurídica ante el deprimente balance que se podría extraer de ellas. ¿Sugieren tales evoluciones la construcción de un modelo «libertario» de cooperación?