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El objetivo de este artículo es debatir los límites de la dimensión política de la desposesión de tierras en su doble expresión: las decisiones que guían la acción y su aplicación en el ejercicio de gobierno. Para ello, se presentan los dispositivos implementados por el Estado mexicano para apoyar la inversión extranjera directa y para que el libre mercado disponga de tierras ejidales. Tomando como caso de estudio el ejido de “Caleras de Ameche”, Guanajuato (México), se analiza el manejo maniqueo de los instrumentos jurídicos y de otros mecanismos de coerción para que la industria automotriz Toyota se apropie de la tierra de los ejidatarios y para que actores locales se beneficien de forma inmerecida de la valorización de su tierra. La dinámica observada apunta a que el régimen político se caracteriza por una relación social de “redistribución coercitiva” de la tierra: los actores gubernamentales ejecutan expropiaciones con criterios distintos a ejidatarios y a los particulares; los promotores inmobiliarios utilizan mecanismos de coerción para acceder a la tierra; el gobierno evalúa la tierra con criterios distintos y paga por ella según la ubicación de los actores en la estructura social; y la empresa extranjera condiciona su inversión al gobierno estatal. Se observan actos de resistencia por parte de los ejidatarios, pero también una gran ambivalencia ante la presión institucional formal, de modo que terminan transigiendo con la mercantilización de la tierra.